La Justicia de San Luis condenó a un periodista por difundir un video

Masci fue acusado de participar en la viralización de las imágenes en las que la ahora secretaria de Medio Ambiente de San Luis reconocía haber consumido drogas y alcohol durante su viaje de luna de miel a Ámsterdam, Holanda.

Se trata de una grabación casera de la entonces ministra de Educación puntana, Natalia Spinuzza, quien se filmó después de haber fumado marihuana durante sus vacaciones. Una jueza condenó este jueves al periodista Diego Masci por “violación a la intimidad” a pagar $90.000

La jueza consideró “material y penalmente responsable” a  Masci de haber viralizado el video que la funcionaria envió a un grupo de siete personas y que luego fue difundido en otro grupo de periodistas locales y subidos al sitio web Zbol, propiedad de Masci.

La audiencia de ayer provocó que un grupo de dirigentes opositores y trabajadores de prensa nucleados en el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se movilizaran hasta las puertas de los tribunales para cuestionar el proceso.

En su fallo, la jueza aseguró que la publicación del video no se relacionaba con el desempeño de la labor pública de la funcionaria, que en ese momento se encontraba de licencia y en otro país, sino con su vida privada con el fin de “menoscabar su imagen pública, su honor y su intimidad”.

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación por la decisión judicial y, en un comunicado, destacó que “el fallo es un grave precedente para la libertad de expresión y para el libre ejercicio de la labor periodística, tarea amparada por la Constitución Nacional y protegida por varios fallos previos a nivel local e internacional, inclusive en hechos donde se consideró la intimidad de las figuras públicas” y recuerda además,  una sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual se dejó sin efecto la condena civil impuesta por la Justicia argentina a los periodistas Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico, de Editorial Perfil, debido a una publicación de 1995 que supuestamente había afectado la vida privada del entonces presidente Carlos Menem”, recordó la entidad en la misiva que difundió tras la decisión judicial.

Desde ADEPA destacaron que “la sentencia del tribunal de San Luis debería ser revisada en otras instancias judiciales con base en los criterios y antecedentes nacionales e internacionales, ponderando adecuadamente el derecho a la libertad de expresión, clave para que el debate democrático sea lo más amplio, diverso y vibrante posible”.

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