Rosario ya cuenta con un Protocolo de actuación ante violencia de género

Por unanimidad y con la presencia en las bancas solamente de las mujeres que integran el cuerpo y en la barra los ediles varones se votó el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

El proyecto, fue elaborado por la comisión de Feminismos y Disidencias, a partir de proyectos que en diferentes oportunidades presentara  la concejala Marina Magnani,  quien fue acompañada por  las edilas Caren Tepp, María Eugenia Schmuck y María Fernanda Gigliani, y la ex concejala Celeste Lepratti; la edila Verónica Irizar, junto a los ex ediles Horacio Ghirardi y Enrique Estévez; la concejala Caren Tepp y sus pares de bloque Jesica Pellegrini y María Luz Olazagoitía, y otra iniciativa de la edila Daniela León, junto a Norma López, Ana Laura Martínez, Alejandro Rosselló y Germana Figueroa Casas.

El Protocolo regirá para toda entidad u organismo dependiente de la Municipalidad, incluyendo los organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado municipal, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria y el Concejo Municipal.

Como objetivos el Protocolo determina: “garantizar un ambiente libre de discriminación, hostigamiento y violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ+, promoviendo condiciones de igualdad y equidad; promover acciones destinadas a la prevención, difusión y capacitación del personal municipal y establecer canales de comunicación pertinentes para efectuar la difusión de los marcos normativos vigentes y el presente protocolo”

También plantea “medidas tendientes a la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres y persona LGBTIQ+; fortalecer el trabajo de sensibilización, capacitación, investigación e información para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ y hacer un seguimiento cualitativo y cuantitativo del funcionamiento del presente protocolo, a fin de adoptar a futuro nuevas medidas de prevención y perfeccionar las existentes”.

Determina como conductas alcanzadas a la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política y establece como autoridad de aplicación a la Dirección General de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia.

En el Protocolo votado se contemplan también el correspondiente procedimiento y las medidas de protección o sancionatorias.

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