Alberto Fernández termina de pulir la reforma judicial con su entorno

La presentaría el viernes, después de una reunión con Vilma Ibarra, la otra persona que sigue de cerca el tema; los lineamientos de la propuesta

Solo dos personas conocen hasta ahora la versión final del proyecto de reforma judicial del Gobierno: Alberto Fernández y su secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra.

Los bloques del Frente de Todos en Diputados y en el Senado aún no leyeron el texto de la iniciativa, una de las apuestas de mayor volumen político del Presidente, con la que aspira a dejar una marca en su gestión. Tampoco la vieron muchos de sus funcionarios.

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El Gobierno tiene previsto remitir la iniciativa a la Cámara baja la semana próxima, probablemente el viernes, según fuentes oficiales y legislativas. Sería, en principio, solo una presentación en sociedad: en el Congreso admiten que no sería sencillo tratar un proyecto de semejante envergadura de forma remota.

El corazón del proyecto es la creación de un nuevo fuero federal penal para diluir el poder que concentran hoy los jueces con sede en Comodoro Py. Son los que tramitan las causas de corrupción política, pero también otros delitos complejos, como el narcotráfico y el lavado de dinero. Según pudo saber este medio, la reforma buscará un reordenamiento de los tribunales, con fusiones de fueros, creación de nuevas salas y redistribución de competencias.

El Presidente dio indicios de cómo pretende lograr esa desconcentración en su discurso del 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, cuando dijo que «los delitos contra la administración pública dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados».

Hoy los juzgados de Comodoro Py son 12 y hay dos que están vacantes. Para pasar a 50, como dijo ese día el Presidente, se incorporarían al plantel de los federales decenas de jueces penales que resuelven casos «ordinarios» con jurisdicción en la Capital Federal.

En ese reordenamiento, además, podría existir un traspaso de competencias a la Justicia porteña.

Fuente: la nación

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