Pidieron el juicio político de Víctor Violini, el juez que permitió la liberación de presos bonaerenses

La agrupación Usina de Justicia lo acusa de «incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”

La agrupación Usina de Justicia solicitó el juicio político del juez Víctor Violini, integrante del Tribunal de Casación bonaerense, al acusarlo de “incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”. “El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia”, afirmó.

Violini quedó en la mira de la agrupación formada para representar los derechos de las víctimas, luego de que hiciera lugar a un habeas corpus colectivo en favor de libertades y arrestos domiciliarios de presos bonaerenses, en medio del coronavirus. Precisamente, ese habeas corpus está siendo revisado ahora por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El Procurador General Julio Conte Grand cuestionó esa decisión tomada el 9 de abril y pidió que se revoque, mientras que el defensor oficial ante Casación Mario Coriolano reclamó que se rechace ese planteo y advirtió que irá a la Corte Suprema de Justicia si ello llega a revertirse.

Mientras el debate se da en la Corte bonaerense, Usina de Justicia pidió ser “amiga del tribunal” en la discusión. Y, por otra parte, pidió ahora el juicio político para Violini, por “la gravedad institucional que evidencian los hechos” en torno al habeas corpus colectivo, que había sido presentado por un grupo de defensores oficiales con el objeto de evitar la posibilidad de contagio de las personas detenidas en los establecimientos carcelarios» de la provincia, frente al COVID-19 y la situación de hacinamiento ya declarada con la emergencia penitenciaria.

La agrupación que dirige la filósofa Diana Cohen Agrest -cuyo hijo fue asesinado en un asalto- recordó que para resolver esta cuestión se convocó a Coriolano, a otra defensora, al fiscal Carlos Altuve y a los funcionarios de Política Criminal dependiente del Ministerio de Justicia Lisandro Pellegrini y al subsecretario del Ministerio de Seguridad Darío Ruiz, pero “no se ha convocado ni escuchado a asociaciones representantes de los derechos de las Personas Víctimas de Delitos”.

El escrito firmado por el abogado Fernando Soto remarcó también que el habeas Corpus Colectivo “no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal” y que “de no ser el Dr. Víctor H. Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el Magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional, además de haber incumplido la Ley Nacional nro. 27.372 y el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica)”.

“Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el Derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal. Por el contrario, es en las situaciones de emergencia cuando más sentido tienen el cumplimiento de la Constitución, y la vigencia de las garantías y el principio de la división de poderes”, indico.

Fuente Infobae

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